Bs. As., 21/1/2010

VISTO el Expediente Nº S01:0021390/2010 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS caratulado "INVESTIGACION DE OFICIO DE LOS ABONOS DE TELEVISION PAGA" y,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 19 de enero de 2010 esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante "CNDC") resolvió la tramitación de los presentes actuados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia (en adelante "LDC"), con motivo de notas periodísticas publicadas en diversos medios que dan cuenta de un eventual aumento del precio del abono de televisión paga por parte de las empresas que prestan dicho servicio.

Que en ese sentido, el diario LA NACION publicó en su edición del día 12 de enero de 2010 una nota titulada "AUMENTARÁ EL CABLE 9,4% EL MES PRÓXIMO".

Que en la nota precitada se indica que "Cablevisión aumentará en febrero un 9,4% el precio del servicio y el paquete básico pasará de 106,80 a 116,80, según anticipó a La Nación la empresa que ayer comenzó a comunicar las subas a sus clientes..."; añadiendo que "De acuerdo con la compañía, se trata de un aumento ‘de la industria’, con lo cual, en los próximos días otras empresas de cable comunicarán el aumento a sus clientes...".

Que al respecto el matutino el CRONISTA publicó con fecha 12 de enero de 2010 un artículo titulado "LA TELEVISIÓN POR CABLE ARRANCÓ EL AÑO CON UN AUMENTO EN EL PRECIO DEL ABONO".

Que en la mencionada crónica se advierte que "El 2010 comenzó con aumentos para la televisión por cable que rondan entre el 6 y el 9,4%, según el operador...".

Que asimismo se manifiesta que "Una de las que hizo punta en los incrementos fue la firma de tecnología satelital DirecTV, que pasó el precio de la programación básica de $ 122,99 a $ 129,99 en enero...".

Que seguidamente se indica que "CableVisión, en tanto, anunció que, también en la tarifa básica, elevará sus precios un 9,4% y lo atribuyó al ‘constante incremento de los precios de bienes y servicios que componen nuestra estructura de costos, después de un año de haberlos mantenido invariables’. La prestación pasará así de $ 106,80 a $ 116,80...".

Que además, en la misma nota se cita a José Toledo, Presidente de Red Intercable —cuyas empresas integrantes brindan el servicio en unas 530 localidades— quien, señaló "...que algunas socias subieron los abonos en un promedio del 7% aproximadamente. Destacó que la prestación difiere mucho entre una región y otra, pero que el precio más caro que se cobra en el mercado cubierto por Red Intercable ronda los $ 100, mientras que el mínimo puede estar en 50 pesos. El grupo nuclea a 230 operadores, distribuidos en 19 provincias, y la mayoría de ellos son pymes y tienen entre 150 y 6000 abonados".

Que a continuación se manifiesta que "Por su parte, Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), recordó que las empresas del sector debieron pagar aumentos salariales que partieron del 18% ‘más un fijo’." "Y hay cables que no han aumentado ni la mitad de eso el año pasado", añadió.

Que en consonancia con lo hasta aquí expuesto, la ASOCIACION ARGENTINA DE TELEVISION POR CABLE (ATVC) publicó en su página web (www.atvc. org.ar) un comunicado de prensa titulado "COMUNICADO DE LA INDUSTRIA. ENERO DE 2010".

Que en el comunicado difundido por ATVC se advierte que "debido al constante aumento en el costo de los insumos que componen nuestro servicio, en sentido divergente respecto del precio de nuestros abonos, y al incremento de los precios de servicios impuestos que impactan en los costos directos de la industria, las empresas de televisión por cable están realizando ajustes en sus abonos para readaptar los mismo al aumento de costos".

Que además, es importante poner sobre resalto que en el mismo período del año 2009 las empresas del sector investigado han incrementado el precio de sus abonos en similar proporción que la efectuada en la actualidad.

Que tales aumentos también tuvieron repercusión mediática por cuanto el diario PERFIL publicó con fecha 19 de enero de 2009 una nota titulada "A PARTIR DE FEBRERO AUMENTA LA TELEVISIÓN POR CABLE". El incremento rondará el 10 por ciento. Las empresas aseguran que los costos se incrementaron debido a la devaluación de la moneda...".

Que en la citada nota periodística se manifiesta que "a partir del primero de febrero Cablevisión, el principal operador de la televisión por cable, aumentará el costo de su servicio en un 10,2 por ciento. De esta manera, quienes abonan 96,90 pesos pasarán abonar 106,80", en tanto "aquellos clientes que cuentan con el servicio digital (con 34 canales adicionales) deberán sumarle al aumento del paquete clásico otros 15 pesos."

Que los hechos reseñados precedentemente dan cuenta de la existencia de actos positivos, realizados no ya por un actor individual del sector de TV paga, sino por los principales operadores y entidades que nuclean a los mismos, tendientes a la fijación presuntamente concertada de los precios del servicio.

Que habida cuenta de la evidencia obrante, esta Comisión no descarta la existencia de otros actos de carácter preparatorio o instrumental realizados con la misma finalidad, tales como la celebración de reuniones entre competidores y el intercambio de información, entre otros.

Que esta CNDC tampoco descarta en esta instancia que, además de los denunciados, otros actores, y/o sus representantes, directores o gerentes, hayan participado o llevado a cabo actos o conductas de la naturaleza mencionada anteriormente.

Que las empresas y asociaciones investigadas son actores sofisticados, con amplio conocimiento del derecho de la competencia y, por lo tanto, es de esperar que planifiquen los incrementos de precios, de forma tal de eludir los supuestos que usualmente configuran las prácticas concertadas o colusivas, por ejemplo, evitando incrementos simultáneos y/o de la misma magnitud.

Que pese a ello esta Comisión advierte la existencia de un patrón, tanto en lo referido a la oportunidad como a la magnitud de los incrementos de precios.

Que la anticipación con que DirecTV implementó su incremento de precios, lejos de desvirtuar la posibilidad de existencia de una conducta, puede ser fácilmente explicada en el marco de la misma, como una forma de evitar los acercamientos de precios entre los distintos tipos de servicios.

Que la presencia de una Cámara formulando anuncios sobre los precios de los servicios y de entidades que nuclean a las pequeñas y medianas empresas del sector, refuerza la presunción de que existen mecanismos establecidos que facilitan las prácticas colusivas.

Que el argumento de incremento de los costos raramente ha sido considerado como eximente o atenuante de una práctica colusiva tanto en el derecho local como en el derecho comparado.

Que los hechos reseñados podrían estar sugiriendo la existencia de lo que en el derecho de la competencia se denomina "cartel de núcleo duro" que en muchas legislaciones constituye infracción "per se", es decir, que no requiere que se pruebe la existencia de un daño al interés económico general, en virtud de la magnitud del daño que genere el mismo.

Que por otra parte, nada sugiere que los incrementos mencionados en los insumos del servicio de televisión paga puedan explicar los incrementos en los precios, y menos aún el patrón temporal en el que se establecen.

Que las empresas denunciadas cuentan individual o colectivamente con el suficiente poder de mercado) en los diferentes mercados relevantes que podrían estar siendo afectados por la conducta investigada.

Que en estas circunstancias, los demandantes, consumidores finales atomizados (tomadores de precios), difícilmente se encuentren en condiciones de derivar su demanda a otro prestador que no haya participado de la presunta conducta.

Que como se ha indicado en anteriores dictámenes referidos a este sector, los mercados de televisión paga se caracterizan por tener altas barreras a la entrada y economías de escala, lo cual hace que sea poco probable que terceros competidores ingresen al mismo desafiando a los actores denunciados.

Que la situación precedentemente descripta y no el incremento de los costos es lo que podría estar explicando el aumento de los precios.

Que la consecuencia lógica de todo lo expuesto es que los abonados deberán afrontar dicho aumento si quieren seguir disfrutando del servicio o prescindir del mismo, afectándose de este modo potencialmente al interés económico general.

Que los efectos de las prácticas colusivas sobre el interés económico general son más inmediatos y significativos que los de cualquier otra conducta estudiada por el derecho de la competencia.

Que por ello la O.C.D.E. en sus recomendaciones en general, y en particular en las contenidas en el "peer review¹" de nuestra agencia, recomendó: "Fortalecer el despliegue de actividad anticartel" y "... hacer que la lucha anticartel tenga máxima prioridad dentro del organismo". "En los últimos años, la OCDE ha instado a los organismos que promueven la libre competencia en todas partes a que otorguen máxima prioridad a las actividades anticartel. Esto parece adquirir relevancia fundamental en Argentina en donde hay varios casos de los que se tiene conocimiento de la actividad de carteles... Llevar adelante más casos exitosos como los del cemento y el oxígeno, acarrearía beneficios significativos al organismo de protección de la competencia, probablemente en mayor medida que cualquier otra medida de aplicación de la ley que el organismo pudiera emprender; mejoraría la reputación del organismo dentro del gobierno y con el público en general y contribuiría al desarrollo de una cultura de la competencia en el país, ayudando al público a comprender la forma en que se beneficia de una aplicación estricta y competente de las normas de competencia".

Que por lo expuesto, esta Comisión entiende que la conducta descripta precedentemente podría encuadrar en los supuestos de los incisos a) y g) del Artículo 2do. de la LDC, constituyendo asimismo una infracción del Artículo 1ro. de la misma norma.

Que en atención a lo expuesto, corresponde a esta CNDC expedirse sobre los posibles efectos sobre la competencia con relación a la decisión que se habría adoptado y que ha tomado estado público.

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