Bs. As., 26/12/2001

VISTO los Expedientes del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nros. 3612/00 y 2546/00; las Leyes Nros. 19.983, 24.557, los Decretos N° 2481 de fecha 9 de diciembre de 1993, N° 491 de fecha 29 de mayo de 1997, y N° 719 de fecha 28 de junio de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) introduce en el sistema jurídico de nuestro país, una modificación estructural en lo atinente a la prevención y reparación de los infortunios laborales generados por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

Que la materialización y eficiencia del Sistema de Riesgos del Trabajo reconoce, como uno de sus pilares fundamentales, la obligatoriedad del aseguramiento que la Ley 24.557 expresamente establece, y que involucra a todos aquellos que contraten trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, dentro del cual se encuentran expresamente previstos los funcionarios y empleadores del Sector Público Nacional, de las Provincias y sus Municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conforme los artículos 2°, apartado 1. inciso a) y 3° apartado 1. de la Ley N° 24.557).

Que a los fines de posibilitar un integral y ordenado ingreso de la administración centralizada y descentralizada del Estado Nacional, sus entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado al Sistema de Riesgos del Trabajo, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto N° 719/96, estableciendo en su artículo 2° que a partir del 1° de enero de 1997 tanto la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, como las entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector públicos, bancos y entidades financieras oficiales nacionales o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, debían afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Que el incumplimiento de la obligación referida, además de hacer responsable en forma directa al empleador ante el trabajador por el otorgamiento de las prestaciones establecidas por la L.R.T., lo constriñe a depositar las cuotas omitidas a la orden del Fondo de Garantía creado por el artículo 33 de la Ley N° 24.557 (conforme el artículo 28, apartados 1. y 3. de la Ley N° 24.557).

Que el artículo 19 del Decreto N° 491/97, caracteriza con precisión lo que en la Ley N° 24.557 se ha dado en denominar cuotas omitidas, teniendo por tales a aquellas que hubiera debido pagar el empleador a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo desde que estuviera obligado a afiliarse.

Que de los registros obrantes en esta S.R.T. y de los expedientes individualizados en el VISTO, surge que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS debía obligatoriamente afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su libre elección a partir del 1° de enero de 1997, de acuerdo a la expresa directiva que en tal sentido plasmó el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el Decreto N° 719/96 antes citado, no habiendo cumplido con tal exigencia.

Que la mora en cumplimentar tal obligación, ha generado el devengamiento, desde la fecha indicada, de las cuotas omitidas cuyo cobro se procuró infructuosamente; tal como surge de las constancias documentales glosadas en las actuaciones administrativas aludidas.

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 de la Ley N° 24.557 y el artículo 10 de su Decreto Reglamentario N° 491/97, compete a esta SUPERINTENDENCIA la administración del Fondo de Garantía, teniendo en consecuencia el deber liminar de implementar los cursos de acción necesarios para preservar los bienes que lo integran o que deban ingresar a él, en tanto la afectación de tales bienes tiene asignado un fin específico de relevante interés social, como es el de financiar el otorgamiento de las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 ante el supuesto de ser declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado.

Que ante el resultado negativo obtenido tras las gestiones de cobro de las cuotas omitidas, ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, se encuentran configurados los presupuestos previstos por la Ley N° 19.983 y su Decreto Reglamentario N° 2481/93 a fin de perseguir la cancelación de los créditos insatisfechos a través del procedimiento establecido por el plexo legal indicado.

Que la Subgerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 33, apartado 3. y el artículo 36, apartado 1., inciso c) de la Ley N° 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

ARTICULO 1° — Promover contra la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS el reclamo de pago por las cuotas omitidas adeudadas al Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557, encomendando a la Subgerencia de Asuntos Legales de esta SUPERINTENDENCIA a que, a través del Departamento de Asuntos Contenciosos y Judiciales, entable por ante la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION el correspondiente reclamo conforme el procedimiento establecido por la Ley N° 19.983 y su Decreto Reglamentario N° 2481/93, por la suma de PESOS UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.099.067,50) según surge del certificado de deuda obrante en las presentes actuaciones.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. DANIEL MAGIN ANGLADA, a/c Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

e. 3/1 N° 374.157 v. 3/1/2002